La minería es una de las locomotoras de desarrollo que se propusieron desde el Plan de desarrollo 2010-2014. Sin embargo, una de las preocupaciones en estos ocho años del gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha sido la minería ilegal y el impacto sobre páramos y selvas como su relación con el cambio climático.
Para que esta locomotora funcione correctamente la proyección y ejecución de ella debe identificar los beneficios como los riesgos que este oficio implica y así comprender cómo se da la explotación minera. Los polos de discusión que se plantean para esta temática son la conservación y desarrollo, distribución-concentración, explotación internacional y nacional, costos ambientales y económico, desarrollo cultural y desarrollo extractivo, seguridad alimentaria – seguridad energética y la sustentabilidad ambiental. Con estos focos de atención nos damos cuenta de conflictos entre minería y la agricultura y de la constante lucha por la explotación minera ilegal como uno de lo factores que alientan el conflicto agrario y deterioran las condiciones ambientales en el sector rural.
De acuerdo con Manuel Rodríguez Becerra, en entrevista con Carolina Castro para Razón Pública en el especial sobre “Minería y Justicia Ambiental” en los últimos 40 años ha habido cierres de muchas minas que están generando hoy en día drenajes ácidos, problemas en los recursos hídricos y en la biodiversidad y es por eso que el gobierno tiene que entrar a asumir estos problemas que son multimillonarios. La mayoría de esas minas son ilegales y por tanto sus consecuencias hasta hoy han sido perjudiciales.
