De acuerdo con el informe sobre minería ilegal de la Procuraduría General de la Nación, el precio ecológico y social de la ilegalidad es muy alto. El problema con este tipo de minería es que la explotación se lleva a cabo con técnicas poco sofisticadas y mano de obra no calificada, así no se promueve un modelo exigente y de calidad en materia de educación. Como la mayoría de estas minas están ubicadas lejos de centros urbanos, no se ha motivado un desarrollo agrícola local.
La pequeña minería se convirtió, según el informe, en uno de los sectores de mayor crecimiento de la industria tanto en Colombia como en otros países de la región durante la primera mitad del siglo XX. Este crecimiento, se dio debido a la disminución de las inversiones extranjeras por parte de los países que entraron en guerra durante la primera mitad de dicho siglo.
Actualmente la prioridad es que los países de la región atiendan la necesidad de formalizar la actividad minera. El propósito es que en la práctica evitemos la insuficiente gestión pública de los recursos y así que la demanda nacional, como extranjera sea regulada. Ante esta situación, el resultado es evitar la informalidad que se genera por la intervención de un Estado poco eficiente desactualizado donde los particulares carecen de incentivos para respetar la legalidad. Evitemos que la minería ilegal maximice utilidades y el control estatal y por supuesto con nuestros recursos no renovables.
