La explotación ilícita minera además de despojar la propiedad pública sobre los bienes de la nación también afecta, los recursos naturales no renovables particularmente a la fauna, flora, aire, agua y suelo generando así sobre costos en el uso de dichos recursos que son imprescindibles para la vida, ocasionando gastos ambientales. Además al poblador no se le está dando el usufructo de dichos recursos ocasionando así situaciones de desplazamiento forzado y problemas de orden social.
Esta extracción de recursos minerales es una actividad industrial que genera impactos directos e indirectos sobre el medio ambiente, pero mediante la aplicación del esquema de Planeación minera, y el uso de alternativas tecnológicas es posible que sea una actividad sostenible. Con esta condición, la minería se considera una posibilidad viable económicamente para beneficiar el desarrollo social, el crecimiento industrial y por supuesto el sector económico.
En este sentido, la industria minera, en el ámbito de la formalidad empresarial, y es lo que hemos apuntado en Damasa, es a garantizar los mejores resultados en términos protección de los intereses públicos, dentro de los cuales están los recursos naturales renovables y no renovables, el medio ambiente, y la misma sociedad.
