La regulación actual de la minería en un país tan diverso como Colombia debe estar ligada al ordenamiento territorial con el propósito de que no se perpetúen impactos ambientales y sociales por no establecer los controles rigurosos. En el año 2010 entró en vigencia la Ley 1382 donde se reformó el Código de Minas (Ley 685 de 2002) den el que se propuso modernizar la industria minera, la promoción de la inversión y la agilización de los trámite de obtención de títulos mineros.
Una de las reformas en el código fue tener en cuenta los grupos étnicos alrededor de los cuales estarían gestionándose los procesos de minería. Frente a este aspecto es necesario aumentar los estándares de protección ambiental desde la regulación legal de la minería.
Impactos tales como la pérdida de la biodiversidad; contaminación de agua superficiales y acuíferos; sedimentación; aumento de la fragilidad de los ecosistemas sensibles al cambio climático, como humedales, páramos y bosques andinos; erosión; disminución de la acidez , y fertilidad de los suelos, entre otros, son los problemas que la ilegalidad minera genera.
La invitación de Damasa, es que es fundamental que la normatividad minera sea coherente con los deberes constitucionales internacionales del Estado y así con los de la protección del ambiente, recursos naturales y grupos étnicos. Cuando evitemos la explotación ilícita de recursos minerales donde se usurpa la propiedad pública que son bienes de la nación y se desaprovechan los recursos naturales no renovables, será posible garantizar seguridad alimentaria, pública y respeto a las poblaciones cercanas.
